martes, 7 de agosto de 2007

Programas educativos y formativos en medio cerrado. La experiencia de Madrid

El siguiente paper fue presentado en la II Conferencia Internacional sobre Justicia juvenil organizada por Fundación Diagrama. El link del título dirige hacia la página del Observatorio Internacional de Justicia Juvenil, que pide registrarse para acceder al documento en pdf.

Es muy interesante porque da cuenta que la problemática educacional es una constante de díficil abordaje incluso en un medio como el español donde se supone que la enseñanza pública es de calidad.

La Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, fue creada por Ley 3/2004, de 10 de diciembre, y adscrita a la Consejería de Justicia e Interior.

Es el ente al que corresponde la competencia de la ejecución de las medidas adoptadas por los jueces de menores, ejerciendo la guarda y custodia, en sus Centros de Ejecución de Medidas Judiciales, de los menores y jóvenes que han cometido hechos delictivos en edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, si bien cabe su permanencia en dichos centros hasta los 23 años.
A la Agencia, además, le corresponde el objetivo básico de desarrollar y ejecutar programas y actuaciones que contribuyan a los fines de reinserción y educación derivados de la Ley Orgánica 5/2000, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores y demás normas de desarrollo y complementarias.
Su reto es por tanto, hacer compatible el derecho a una educación de calidad, con el deber de cumplir una mediada judicial en régimen de privación de libertad.
Hasta el curso escolar 2005/2006 la atención educativa a los menores y jóvenes internos de los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales de la Comunidad de Madrid, se ha venido prestándose a distancia, matriculando formalmente a los menores internos en los centros docentes del entorno al centro de ejecución de medidas. Aunque se les proporcionaban profesores, éstos no eran los responsables de la evaluación y calificación de los alumnos, debiendo examinarse además del mismo programa educativo que los alumnos de los centros en los que se les matriculaba.

Por ello, se ha considerado conveniente la creación de un nuevo centro educativo, cuya estructura y oferta educativa se correspondan con la realidad cotidiana, las necesidades educativas y la situación de privación de libertad; es decir, un Centro Regional de Enseñanzas Integradas, dotado de un régimen organizativo y de funcionamiento específicamente adaptado a su especial naturaleza, que imparta, en los diferentes Centros de Ejecución de Medidas Judiciales, las etapas y modalidades correspondientes, tanto a la educación obligatoria como no obligatoria, así como otros programas educativos no formales, en atención a un alumnado que presenta gran diversidad en sus necesidades educativas y en orden a su inserción en condiciones más favorables en la sociedad y en el mercado laboral.

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